¿Puede asegurar su vida un férreo defensor del medioambiente en el Estado de Chile?

Por: La Voz del Bio Bio La Voz de los que no tienen voz


OPINIÓN

Gran controversia ha generado la muerte de Alejandro Castro, uno de los líderes sociales de las protestas que se han realizado por la contaminación en Quintero y Puchuncaví.

El joven de 30 años era uno de los cabecillas del Sindicato de Pescadores C-24 de Quintero, y quien, a través de redes sociales, había realizado varios llamados a manifestarse por la situación que se vive en la zona.

La interrogante despertó las alarmas cuando el director general de la PDI, Héctor Espinosa, informó que se investigaban posibles amenazas contra el activista medioambiental.

Los dichos de la autoridad policial generaron una serie de interpretaciones, las que rápidamente tuvieron que ser aclaradas por el gobierno y la propia policía civil. Esta última, a través de un comunicado, enfatizando que la causa de muerte era asfixia por ahorcamiento y descartando una posible intervención de terceros, a partir de los exámenes que realizó el Servicio Médico Legal (SML).

Este caso no deja indiferente a otros registrados en nuestro país. El más cercano y cuestionable, el de la activista ambiental Macarena Valdés, que fue encontrada muerta en agosto del 2016. En ese entonces, el Servicio Médico Legal (SML) aseguró que se trataba de un suicidio, sin embargo, la familia no aceptó la tesis, y advirtió que se trataba de un asesinato generado en el marco de una lucha que estaba llevando a cabo la comunidad contra el proyecto hidroeléctrico de la compañía austríaca RP Global y la empresa chilena de distribución eléctrica Saesa.

Ante las dudas, la familia de Valdés recaudó dinero para financiar nuevos peritajes con el especialista Luis Ravanal, quien a través de una nueva autopsia descartó el suicidio.

A lo anterior se suman casos como el de Nicolasa Quintreman, quien fue una valiente mujer pehuenche, que el 2013 se resistió a la construcción de la represa en el Alto Bío Bío, “murió ahogada en extraña circunstancias” el 2013.

El mismo año también “muere por una bala loca” el dirigente sindical Juan Pablo Jiménez, sin que hasta hoy se tenga responsables de su muerte.

Los hechos generan una ola de interpretaciones que aluden al asesinato, y que a nivel mundial es una de las tácticas utilizadas para silenciar a las y los activistas medioambientales, quienes normalmente enfrentan un arsenal de amenazas de muerte, violencia sexual y casos legales agresivos… No es de extrañar que, tras las circunstancias, la sociedad se pregunte si Chile es un lugar peligroso para quienes luchan por proteger sus tierras…

Lo cierto es que hay una realidad maquiavélica y dramática, que se in-visibiliza. Existe un informe publicado el 2 de febrero por la organización internacional Global Witness, en alianza con el diario The Guardian, revelando a nivel global que 197 personas fueron asesinadas en 2017 por enfrentar a gobiernos y empresas que robaron sus tierras y dañaron el medio ambiente, y por denunciar las prácticas corruptas e injustas que lo permitieron.

“En 2016 fueron documentados 200 asesinatos en 24 países, mientras que los 185 asesinatos registrados en 2015 fueron en 16 países”, destaca el informe anterior de esta organización internacional especializada en el seguimiento de conflictos ambientales.

Desafortunadamente, el nuevo balance indica que América Latina mantiene el primer lugar en el ranking de asesinatos contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente.

Vale  entonces preguntarse… ¿Chile, podría ser una región peligrosa en la lucha por la conservación ambiental?